Funcionaria de la Junta de Conciliación y Arbitraje Berenice Cardona enfrentara denuncia penal

Por Ángeles Sarai (EDM)

José Luis Baltazar Vega, doctor  en medicina alternativa y su apoderado jurídico, licenciado Mauricio Reyes Guerra presentarán denuncia penal en contra de la presidenta  de la Junta número uno de Conciliación  y Arbitraje, Berenice Cardona Acosta y de María Guadalupe Cortes  Vargas, auxiliar de la presidenta, así como Marina Aldama Leal, actuaría de la Junta, e Ismael Gutiérrez y el abogado Mariano Barojas Rodríguez y José Padilla Alegre por los delitos de Fraude procesal simulado, trafico de influencia  y los que resulten. 

En rueda de prensa, los personajes en referencia dieron a conocer a los medios de comunicación presentes lo antes referido sospechando que el Pseudo abogado mariano Barojas Gutiérrez, así como  José Padilla corrompieron a los funcionarios señalados para despójarlo de un bien inmueble        

De acuerdo con  el conocido galeno en medecina alernativa, en el 2015 se emitió una sentencia por parte de la Junta Especial Número Uno, en donde  lo condenan   al  pago de 294 mil pesos, a Ismael Rodríguez, por el supuesto pago de salarios caídos y prestaciones, tras un servicio de albañilería que este último prestó a Baltazar Vega.

Sin embargo, expuso que dicha determinación se basó en una serie de irregularidades durante el proceso en materia laboral, que dejó en estado de indefensión  y violó su derecho a ser oído y vencido en juicio, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Con documentos oficiales del ayuntamiento de Morelia y del Notario Público que comprueban  la “invención de un  domicilio” para notificar a José Luis Baltazar, en donde José Luis Padilla Alegre aseguró vivía en un domicilio ubicado en Torremolinos, el abogado defensor de Padilla Alegre,   expresó que el afectado se dio cuenta hasta que solicitó ante el Registro Público de la Propiedad un documento que estableciera que su propiedad estaba libre de gravamen, sin embargo se llevó una sorpresa al encontrar que su propiedad sería rematada por embargo decretado por la Junta.

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